La aprobación del Informe del PL (Proyecto de Ley) en con contra del “Fair Share” refuerza la defensa de la neutralidad en la red
El 3 de diciembre hubo una audiencia pública para debatir el Proyecto de Ley 469/2024, que prohíbe el cobro de tarifas por el uso de la infraestructura de Internet. En este sentido, se destaca la aprobación del informe de la diputada Sylvie Alves (União GO), quien estuvo favorable al PL. Su informe reconoce que la implementación de una tarifa de red no soluciona los problemas estructurales del sector de telecomunicaciones y aun puede generar más daños que beneficios para la sociedad brasileña.
Durante el debate celebrado en la audiencia de la CCO el 3 de diciembre, Alessandro Molon, representante de la Aliança pela Internet Aberta (AIA), y Mauricélio Oliveira, presidente de la Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT), presentaron fuertes argumentos en contra de la propuesta, destacando los falsos argumentos económicos y los riesgos para la neutralidad de la red.
Alessandro Molon criticó la justificación central del Fair Share: el argumento de que los proveedores de contenido no contribuyen a los costos de la infraestructura de la red. Según él, el argumento que clasifica a los proveedores de contenido como “free riders” (pasajeros gratuitos) es una premisa falsa, utilizada para legitimar una intervención estatal innecesaria.
Molon destacó que el ascenso del tráfico de datos no es exponencial como sugieren las big telcos y que la tarifa de ascenso no está disminuyendo, de acuerdo con los datos presentados por Lucas Gallitto, representante de GSMA. También argumentó que las ganancias de los operadores de telecomunicaciones son suficientes para financiar la infraestructura, sin embargo, las empresas han priorizado el pago de dividendos, los cuales crecen año tras año.
Además, Molon advirtió que la creación de una tarifa de red perjudicaría la neutralidad de la red, aumentaría los costos para el consumidor final y resultaría en un Internet con menos calidad. Mencionó a Corea del Sur como un ejemplo: la adopción de una política semejante resultó en costos más altos, servicios de menos calidad y la salida de grandes proveedores de contenido del mercado.
Mauricélio Oliveira, a su vez, aportó la perspectiva de los pequeños y medianos proveedores de Internet, responsables de conectar comunidades donde los grandes operadores no suelen actuar. Señaló que, a diferencia del argumento utilizado por los defensores del Fair Share, los pequeños proveedores no enfrentan problemas de tráfico que justifique la medida y consideran la relación establecida con los proveedores de contenidos como simbiótica.
Oliveira enfatizó que los pequeños proveedores ya invierten significativamente en infraestructura, como en las redes de fibra óptica, para garantizar una buena experiencia a los usuarios. Además, argumentó que el cobro de una tarifa de red sería redundante, una vez que los proveedores ya pagan para mantener sus redes operativas. Comparando el Fair Share con un “peaje en las carreteras”, Oliveira explicó que esta tarifa podría generar un costo adicional a un servicio que ya está cubierto, perjudicando a los consumidores.
Las intervenciones de Molon y Oliveira dejan claro que el Fair Share no es una solución viable para los desafíos del sector de telecomunicaciones en Brasil. La verdadera solución sería una gestión más eficiente de los recursos de los operadores, que deben priorizar la innovación y la inclusión digital en lugar de penalizar a los proveedores de contenidos y, consecuentemente, a los consumidores. En un país donde la accesibilidad y la calidad de internet siguen siendo un desafío, medidas como el Fair Share representan un retroceso.
La aprobación del informe de la diputada Sylvie Alves es un paso importante para garantizar que Brasil siga defendiendo un Internet abierto y accesible para todos, sin introducir medidas que pongan en riesgo el principio fundamental de la neutralidad de la red. El debate sobre el Fair Share está lejos de solucionarse, pero, la resistencia a esa medida sigue creciendo, lo que es esencial para proteger los derechos de los consumidores y el futuro de Internet en el país.
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