“Aranceles” de Trump usan el fair share como justificación y encienden una señal de alerta para Brasil

La última semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió al centro de la escena al anunciar una nueva ronda de tarifas contra países que, según él, imponen “barreras injustas” al comercio estadounidense. En el informe que respalda esta medida — el 2025 National Trade Estimate Report de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR)—, Brasil aparece como uno de los objetivos. Pero lo que más llama la atención es la inclusión, entre las justificaciones, del debate brasileño sobre el fair share.

Según el informe del gobierno Trump, el modelo regulador brasileño, que incluye las discusiones dentro de Anatel sobre cobrar a las plataformas digitales por el uso de la infraestructura de telecomunicaciones, representa una amenaza para los intereses de las big techs estadounidenses. La crítica, que también abarca temas como la protección de datos y las reglas para la operación de satélites, fue utilizada como base para justificar posibles aranceles adicionales sobre productos brasileños como el acero y el café.

Cabe recordar que en Estados Unidos esta lógica de respaldo a los intereses de grandes corporaciones ya tuvo un antecedente que sirve de advertencia. La derrocada de la neutralidad de la red por parte del poder judicial estadounidense, que debilitó a la FCC (Federal Communications Commission), abrió espacio para prácticas discriminatorias en el tráfico de datos. La decisión limitó la capacidad del organismo para tratar a Internet como un servicio esencial — lo que puso en riesgo protecciones fundamentales para usuarios y pequeños proveedores.

En Brasil, Anatel ha coqueteado con propuestas similares. Como muestra su Agenda Reguladora para 2025, la Agencia tiene la intención de proponer una “evaluación sobre la necesidad de regulación de los deberes de los usuarios de servicios de telecomunicaciones”, lo que en la práctica también significa considerar los efectos de imponer tasas de red. Medidas de este tipo pueden violar el principio de neutralidad consagrado en el Marco Civil de Internet, y aumentar los costos para los usuarios finales.

Aunque el gobierno Trump intente justificar las tarifas con base en el principio de “reciprocidad”, cuando se trata del fair share lo que está en juego es mucho más que eso: se trata de una disputa geopolítica por el control de la infraestructura digital. Es fundamental, sin embargo, que Brasil no caiga en la trampa de importar modelos fallidos que comprometen la libertad en la red. El debate sobre conectividad y financiamiento de infraestructura digital debe centrarse en soluciones sostenibles, justas y basadas en evidencia —no en presiones corporativas disfrazadas de “reparto justo”.